Detrás de la educación, la asistencia sanitaria, el agua corriente, los espacios que disfrutas, las ayudas que solicitas, las emergencias,... hay una persona empleada pública que se deja la piel para que tengas lo que necesitas, porque las empleadas y empleados públicos trabajamos para la ciudadanía.

Para defender los puestos de trabajo con unas condiciones laborales óptimas no queda alternativa a defender el empleo público estable y de calidad. La externalización de servicios de responsabilidad pública es caldo de cultivo para la precarización de las condiciones de los trabajadores, la generación de beneficio privado, y por tanto, para la corrupción.

Además, cuando se tiene responsabilidad en el análisis, diseño, dotación y evaluación de los servicios municipales, la contratación de empresas externas cuando no se dotan las plazas vacantes y no ocupadas existentes, equivale a autojustificarse la necesidad: primero no cubro las jubilaciones en un servicio, por tanto le creo dificultades de organización y de prestación del mismo, la ciudadanía ve que el servicio no funciona, y por tanto, tenemos que contratar a una empresa privada para que nos ayude en la gestión del mismo. Esta manera de funcionar respecto de los sistemas de gestión de servicios públicos es muy antigua, como el mantra de ESADE de que todo lo privado funciona mejor, cuando la realidad es muy distinta. En nuestro municipio tenemos el ejemplo del Servicio de Atención a Domicilio, y muchos otros.

Un servició público prestado por empleadas y empleados públicos y de titularidad municipal, permita introducir los cambios necesarios en el servicio de una manera más ágil, rápida y eficiente que si hay que exigirlos a una empresa privada que se rige por un contrato público redactado hace años y que no va a hacer nada más que lo dice ese contrato público a no ser que se vaya añadiendo dinero, siendo muchas veces más caro y complejo prestar el servicio de esta manera que con una gestión pública directa.

En 2011 había 92.355 empleadas/os públicos en el sector de la administración local en Cataluña, y en 2019 en cambió, 81.880, con lo que es un sector que claramente pierde empleo. Mientras las restricciones del capítulo 1 son conocidas y repetidas hasta la saciedad, el capítulo 2 en global ha aumentado un 10% el gasto en el mismo período.